02 de junio de 2021

Venezuela, el Acuerdo de París y la transición energética

Simón Herrera Celis

Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Consultor en materia de petróleo y gas

El incremento del uso de las energías renovables a nivel mundial

Las energías renovables o energías alternativas son las fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales tales como el agua, el sol, el viento y la biomasa. Se estima que estas energías están ya en camino de sustituir a los combustibles fósiles en la denominada transición energética. Al petróleo y al carbón, en el mediano plazo, y al gas natural, en el largo plazo. En la última década, sobre todo, se ha observado un sostenido incremento en la participación de las energías renovables en la matriz energética global, en base a la premisa de que tienen un menor impacto en el ambiente, son más limpias y están alineadas con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y construir un entorno más sostenible con el medioambiente. La transición energética está en sintonía con los postulados fundamentales del Acuerdo de París suscrito en 2015 y al cual se han adherido más de 180 países, incluyendo Venezuela. Como en todo proceso de cambio, existen muchas incertidumbres en cuanto a cómo será realmente el futuro del mundo de la energía, a pesar de la marcada tendencia hacia la utilización de energías alternativas. Algunos estudios también señalan que la pandemia del Covid-19 ha contribuido a acelerar la transición.

El Acuerdo de París y otras iniciativas están provocando una gran presión sobre las industrias petrolera, gasífera y carbonífera para acelerar la descarbonización del sistema energético y el incremento de la eficiencia operativa, en especial, en Estados Unidos y la Unión Europea. En España se aprobó en días pasados la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la cual contempla un veto a los automóviles de combustión a partir de 2040. Por su parte, la prestigiosa Agencia Internacional de la Energía ha propuesto recientemente no autorizar nuevos proyectos de explotación de yacimientos de petróleo y gas natural, ni tampoco nuevas minas de carbón.

Lo cierto del caso es que las empresas de energía deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en la explotación de los yacimientos, así como en las refinerías, plantas de mejoramiento e instalaciones de transporte y distribución. Estas empresas deben igualmente desarrollar planes para la captura y el almacenamiento del carbono para evitar que sean lanzados al ambiente. Por supuesto que muchas ya están recorriendo el camino para convertirse en empresas con soluciones energéticas bajas en carbono, y ello es lo que al parecer están pidiendo sus accionistas, los gobiernos y las sociedades en general.

Evidentemente que la lucha contra el cambio climático no es un problema exclusivo de la industria energética, sino algo mucho más complejo. El sector eléctrico debería incrementar el porcentaje de participación de las energías renovables, promover medidas de ahorro y eficiencia, y proteger las cuencas hidrográficas con aprovechamientos hidroeléctricos. El sector industrial y manufacturero debería reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética, así como el uso de combustibles más limpios. La industria de la construcción debería incorporar criterios de sustentabilidad en las viviendas y edificios orientados al ahorro energético. El transporte público debería tener una importancia mayor que la del transporte en vehículos particulares. En todos los sectores debería utilizarse el reciclaje de productos y materiales.

Nuestra intención en este breve ensayo es analizar las principales obligaciones asumidas por Venezuela en la defensa del medio ambiente y su incidencia en el mundo de la energía y la economía. Demás está decir que en este momento el país se encuentra ante una verdadera encrucijada como productor y exportador de combustibles fósiles que aspira a poder utilizarlos por un tiempo prolongado como base de su recuperación económica, en medio de la transición energética.

 

Obligaciones asumidas por Venezuela en la legislación local en la preservación del ambiente

La Constitución de 1999 consagra como derecho individual y colectivo el disfrute de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, consagra la Carta Magna que es un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente, en beneficio de sí misma y de las próximas generaciones.

La Ley Orgánica del Ambiente de 2006 consagra los principios rectores para la gestión ambiental en el marco del desarrollo sustentable. Dicha gestión comprende las medidas orientadas al diagnóstico, inventario, restablecimiento, mejoramiento, preservación, protección, control y aprovechamiento de los ecosistemas, de la diversidad biológica y de los recursos naturales y elementos del ambiente. Esta Ley contempla la implantación de una política ambiental segura con la finalidad de conciliar el aspecto económico y social con la gestión del ambiente.

La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos de 2009 regula la gestión integral de riesgos. Dicha gestión es definida como un proceso orientado a formular planes y ejecutar acciones de manera concertada y planificada entre el Estado y los particulares, a los fines de prevenir, mitigar y reducir los riesgos en una región determinada, atendiendo a sus realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales y económicas.

El Plan de la Patria aprobado mediante Ley sancionada en 2013, define como objetivo estratégico el diseño de un plan nacional de adaptación que permita al país prepararse para los escenarios e impactos climáticos que se producirán debido a la irresponsabilidad de los países industrializados en la contaminación del planeta.

Los instrumentos jurídicos antes mencionados se complementan con un cúmulo importante de normas de rango legal y sub-legal.


 

Obligaciones internacionales asumidas por Venezuela en la preservación del ambiente

Venezuela forma parte del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, según la Ley aprobatoria de 1988, al igual que del Protocolo de Montreal, de acuerdo a la Ley aprobatoria de 1989 y sus enmiendas de 1993, 1997 y 2001. Dicho Protocolo de Montreal tiene como objetivo reducir la producción y consumo de las sustancias que agotan la capa de ozono.

Por otra parte, Venezuela es signataria de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro en 1992 y ratificada según la Ley aprobatoria de 1994. Esta Convención prevé que las partes deberán formular, aplicar y actualizar regularmente programas nacionales y regionales que contengan medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático. Venezuela también es signataria del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobado mediante Ley sancionada en 2004, cuyo objeto consistió en comprometer a los Estados a implementar medidas tendentes a limitar y reducir las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero.

El Acuerdo de París de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas de 2015 fue ratificado por Venezuela mediante Ley aprobatoria del mismo año. Este instrumento es considerado clave para enfrentar la amenaza del cambio climático en un contexto de la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. El Acuerdo de París persigue: (i) mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales; (ii) aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos, y (iii) elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Este Acuerdo reconoce además las responsabilidades comunes pero diferenciadas de acuerdo a las capacidades y circunstancias de cada país.

Los anteriores son sólo algunos de los más importantes compromisos internacionales asumidos por Venezuela en materia ambiental.

 

Principales compromisos de Venezuela derivados del Acuerdo de París

Venezuela presentó formalmente un compromiso general de adaptación y mitigación mediante acciones y políticas para un desarrollo justo y sustentable, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de París. Sin embargo, los planes gubernamentales específicos no se han hecho del conocimiento público, por lo que realmente no se sabe con exactitud cuáles son sus parámetros, orientaciones, plazos y agentes responsables. En este sentido, es importante mencionar que la planificación energética del país debe incorporar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo es el organismo responsable de supervisar y coordinar el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por la Nación en esta materia; no obstante, la información que ha divulgado públicamente es escasa. Este organismo tiene como misión fundamental defender la acción ecológica, a la par de combatir los modelos de producción y de consumo que atentan contra la naturaleza y la vida en el planeta. Al Ministerio también le corresponde recoger y tomar en consideración las opiniones y recomendaciones de los científicos, instituciones académicas y organizaciones especializadas que hayan estudiado la situación de Venezuela en relación con el medio ambiente.

 

La venidera Conferencia de Glasgow y el futuro del sector energético

Para el mes de noviembre de 2021 está prevista la celebración de la COP26 de las Naciones Unidas, en la ciudad de Glasgow, Reino Unido. La aspiración de las Naciones Unidas es que para el año 2050 se eliminen las nuevas emisiones de carbono en la atmósfera, en lo que se conoce bajo el concepto de “cero emisiones netas”, así como el fin de los subsidios nacionales a los combustibles fósiles. Los países que se han comprometido con la meta de llegar al “cero neto” representan alrededor del 65% de las emisiones globales. Además, las Naciones Unidas espera que se cumplan las promesas hechas a los países en desarrollo, especialmente la promesa de los países industrializados de contribuir en la financiación climática.

En la Conferencia de Glasgow pudieren asimismo discutirse temas transcendentales como la incorporación del riesgo climático en la evaluación y toma de decisiones financieras de las empresas. Uno de los objetivos es lograr que las empresas tengan que demostrar que sus actividades e inversiones cumplen con los requisitos para la transición a un mundo de cero emisiones netas. En Glasgow también se espera que se discuta sobre el financiamiento educativo, especialmente para la educación y formación de los más jóvenes con el objeto de que tomen verdadera consciencia de la importancia de preservar el ambiente.

Ahora bien, con la disminución del consumo de combustibles fósiles y el aumento de las energías renovables se estima que se crearán nuevas necesidades en la industria energética que antes no se conocían. Por ejemplo, las baterías para los vehículos eléctricos y otras instalaciones utilizan en la actualidad minerales como el cobre, litio, níquel y cobalto. Esto está produciendo un nuevo impulso a la industria minera global, por lo cual se crean nuevos retos en la preservación del ambiente. En tal sentido, será imprescindible atender a estas nuevas realidades desde el punto de vista regulatorio y de igual forma seguir utilizando las innovaciones tecnológicas y el reciclaje para cumplir con las metas del Acuerdo de París.

La revisión y el cumplimiento de estas metas y las medidas asociadas tendrán que ser evaluados en la venidera Conferencia de Glasgow, con lo cual no es de descartar que se adopten medidas más contundentes para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, como de hecho ya se ha visto en algunas legislaciones nacionales, como la española.

 

Conclusiones

El centenario modelo petrolero venezolano pudiere agotarse por la falta de potenciales compradores de petróleo y gas natural, no obstante que todavía exista una gran incertidumbre en cuanto al futuro de la transición energética y el uso de las energías renovables. Esta situación de ninguna forma toma al país por sorpresa, pues Venezuela es signataria del Acuerdo de París, al igual que del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Protocolo de Montreal, la Convención Marco sobre Cambio Climático de Río de Janeiro y el Protocolo de Kyoto. Adicionalmente, más allá de los compromisos internacionales convertidos en Leyes, Venezuela consagró en su Constitución y en su Ley Orgánica del Ambiente los enunciados básicos para la protección del medio ambiente y cuenta con una normativa importante en la materia. Ciertamente, no será por falta de un marco regulatorio que la Nación no dé una respuesta adecuada a la necesidad apremiante de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en defensa del medio ambiente. Para empezar, se debería eliminar el venteo y quema de gas en los yacimientos de petróleo.

La presión mundial para combatir el cambio climático se observa en todos los niveles y los resultados de la próxima reunión de Glasgow en el mes de noviembre pudieren ser una muestra más de ello. En este difícil contexto no vislumbramos otra opción para Venezuela sino la de realizar de manera urgente una gran apertura al capital privado internacional, al ver cómo según opiniones calificadas, se cerrarán las oportunidades de desarrollar los negocios de petróleo y gas natural más temprano que tarde. A no dudarlo, la decisión de llamar al capital privado requiere de una reforma integral a la legislación de hidrocarburos líquidos, cuyo modelo actual es sumamente restrictivo. Todo indica que es la última oportunidad que tendrá Venezuela de aprovechar sus cuantiosas reservas de hidrocarburos para apalancar el desarrollo nacional y superar la profunda crisis económica en la que se encuentra inmersa.

 En resumidas cuentas, para Venezuela el reto es difícil y debe ser asumido con seriedad y sentido de inmediatez. Los combustibles fósiles deben ser aprovechados en esta etapa de transición energética con las tecnologías que permiten realizar las operaciones de manera más eficiente y con menos daños al ambiente. Simultáneamente, el país debe insertarse a la brevedad en la industria de las energías renovables de cara a un futuro en que el petróleo y el gas natural perderán protagonismo. Esta nueva industria energética deberá contar con una legislación que responda a la nueva realidad que se avecina y que planteará retos desconocidos en el país, como, por ejemplo, la explotación de recursos mineros cuya utilización es necesaria en algunas energías alternativas.

El objetivo último tiene que ser el cumplimiento de los postulados de la Constitución, del Acuerdo de París y del resto del marco regulatorio para preservar el medio ambiente. No hay otra opción sino la de seguir en esa dirección.

 

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