Actualmente el Poder Judicial venezolano ha incentivado la incorporación de medios tecnológicos en los procedimientos judiciales y administrativos laborales, por lo que hoy en día resulta ser una práctica constante la emisión de notificaciones electrónicas por parte de los Tribunales e Inspectorías del Trabajo.

1. 1. Regulación normativa en Venezuela

 La Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas es el cuerpo normativo encargado de regular las firmas electrónicas en Venezuela, estableciendo en su artículo 6 que cuando para determinados actos jurídicos la Ley exija la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación con un mensaje de datos, al tener asociada una Firma Electrónica.

A tal efecto, la firma electrónica deberá llenar los siguientes aspectos:

1. a. Garantizar confidencialidad.
2. b. Ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología existente en cada momento.
3. c. No alterar la integridad del mensaje de datos.

 

Ahora bien, Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, dispone la necesidad de obtener un certificado electrónico, el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, es un mensaje de datos proporcionado por un Proveedor de Servicios de Certificación que le atribuye esa certeza y validez requerida.

La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, en lo sucesivo SUSCERTE, es la entidad que tiene por objeto acreditar, supervisar y controlar, a los proveedores de certificación públicos o privados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas y artículo 3 del Reglamento de la Ley sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas^[1].

Del artículo 38 del referido cuerpo normativo, se desprende que el Certificado Electrónico garantiza la autoría de la Firma Electrónica que certifica, así como la integridad del mensaje de datos, evitando de esta forma que alguien use una clave falsa utilizando la identidad de otra persona. 

Por su parte, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado, en lo sucesivo, Ley de Interoperabilidad^[2], dispone en el artículo 44, la necesidad de hacer uso de la certificación electrónica a fin de garantizar la integridad y la autenticidad de los datos.

En este mismo sentido, la Ley de Infogobierno^[3] en su artículo 8, habla del derecho de recibir notificaciones por medios electrónicos en los términos y condiciones establecidos en la Ley que rige la materia de mensajes de datos y las normas especiales que la regulan.

 

2. 2. Instituciones venezolanas acreditadas para proveer servicios de Certificación Electrónica

 

• 2.1. Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)

Es el ente rector en materia de servicios de certificación electrónica, que en el año 2007 dio origen a la creación de la Autoridad Certificadora Raíz del Estado Venezolano, con la finalidad de facultarla para la acreditación de proveedores de servicios de certificación. Ahora bien, es preciso acotar que, además de la SUSCERTE, fueron acreditados en el año 2008 dos proveedores de servicios de certificación electrónica, a saber:

 

• 2.2 Fundación Instituto de Ingeniería (FII)

Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Esta Fundación conforma un proveedor de servicios de certificación electrónica de carácter público, acreditado el 11 de julio de 2008 a través de la Providencia Administrativa No. 027^[4].

 

• 2.3. Proveedores de Certificados (PROCERT), C.A.

Proveedor privado de servicios de certificación electrónica, acreditado por SUSCERTE según Providencia Administrativa No. 028^[5] de fecha 14 de julio de 2008.

De lo anterior se infiere que, para obtener la identificación real de una clave pública con un determinado sujeto, se hace necesaria la intervención de los Proveedores de Servicios de Certificación Electrónica.

 

3. 3. Régimen de las notificaciones electrónicas en procedimientos administrativos y judiciales laborales

Si bien es cierto que la incorporación de este tipo de tecnologías significa una evolución en nuestra legislación, no es menos cierto que este proceso ocurre junto a diversos vacíos legales, generando falta de certeza y seguridad jurídica. En tal sentido, se considera pertinente hacer un recurrido por lo dispuesto en distintos cuerpos normativos sobre las notificaciones electrónicas.

 

• 3.1. Régimen de las notificaciones electrónicas
• 3.1.1. En sede administrativa

Con relación a este particular, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos^[6], en lo sucesivo, LOPA, regula en sus artículos 73 y 76 la notificación personal, y que en caso de resultar esta impracticable se procederá a la publicación del acto.

En tal sentido, la LOPA no contempla la posibilidad de practicar notificaciones electrónicas, por lo que, debido al carácter orgánico de la misma, ésta es de aplicación preferente con respecto a las leyes especiales en el ámbito relativo al desarrollo de normas constitucionales.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública^[7] dispone, en su artículo 152, que “Los órganos y entes de la Administración Pública podrán incorporar tecnologías y emplear cualquier medio electrónico, informático, óptico o telemático para el cumplimiento de sus fines (…)”.

Por su parte, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, estableció en sentencia No. 203[8], lo siguiente:

“Visto que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, consagran la posibilidad de practicar las citaciones y notificaciones por correo electrónico o cualquier otro medio que utilice tecnologías de la información y la comunicación, este Máximo Tribunal ordena efectuar un análisis de las actas que conforman el expediente de la causa, a los efectos de determinar si las partes cuentan o no con los medios telemáticos suficientes para hacer efectiva dicha actuación procesal y, de ser el caso, proceder a practicar las notificaciones a las que haya lugar por medios electrónicos”.

De lo anterior se infiere, la necesidad de revisión de las actas que conforman el expediente a los fines de determinas si existen los supuestos necesarios para la práctica de notificaciones electrónicas.

 

3.1.2. En sede judicial

Por otra parte, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo^[9] señala:

“Artículo 126: El Tribunal, a solicitud de parte o de oficio, podrá practicar la notificación del demandado por los medios electrónicos de los cuales disponga, siempre y cuando éstos le pertenezcan. A efectos de la certificación de la notificación se procederá de conformidad a lo establecido en la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en todo cuanto le sea aplicable, atendiendo siempre los principios de inmediatez, brevedad y celeridad de la presente Ley. A todo evento, el Juez dejará constancia en el expediente, que efectivamente se materializó la notificación del demandado (..)”.

Resulta importante tomar en consideración lo dispuesto con relación a “medios electrónicos de los cuales disponga, siempre y cuando éstos le pertenezcan”, por cuanto: ¿a qué medios se refiere específicamente?, ¿bastara únicamente contar con computadora e internet? Estas interrogantes serán desarrolladas más adelante.

• 3.1.2.1. Criterios jurisprudenciales con respecto a la práctica de notificaciones electrónicas

La jurisprudencia venezolana ha tenido ocasión de tratar esta materia.

Por ejemplo, con respecto a este particular, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 07^[10], estableció:

“Para dar cumplimiento a la brevedad y falta de formalidad, la notificación podrá ser practicada mediante correo electrónico o cualquier medio de comunicación interpersonal, bien por el órgano jurisdiccional o bien por el Alguacil del mismo, indicándose en la notificación la fecha de comparecencia del presunto agraviante y dejando el secretario del órgano jurisdiccional, en autos, constancia detallada de haberse efectuado la citación o notificación y de sus consecuencias”.

La sentencia antes referida, menciona la posibilidad de notificar vía correo electrónico, sin indicar las prerrogativas necesarias para tal acción, situación que afecta el derecho a la defensa de las partes y atenta contra el principio de seguridad jurídica, toda vez que, si bien una acción de amparo constitucional requiere celeridad, tal actuación no puede atentar contra derechos constitucionales.

Continúa la Sala su labor interpretativa, en sentencia No. 383^[11], donde dejó asentado lo siguiente:

“(…) este Circuito Judicial del Trabajo no cuenta con la plataforma informática que ostente una firma electrónica debidamente certificada conforme lo exige la Ley, a los fines de dar certeza jurídica necesaria a la parte que sea llamada como accionada a comparecer a juicio (…)”.

En el mismo orden de ideas, el Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se pronunció en sentencia de fecha 28 de noviembre de 2006^[12], explanando lo siguiente:

“(…) El Estado no ha dotado las medidas necesarias para que los organismos públicos, en este caso jurisdiccionales, puedan desarrollar sus funciones conforme los mecanismos de la Ley, es decir, no puede un Tribunal mediante el uso de los servicios electrónicos crear una firma electrónica y que esa firma electrónica se asocie al mensaje de datos -que en este caso sería la notificación- lo que permitiría a la persona que recibe ese mensaje de datos atribuirle la autoría al Tribunal, y en consecuencia cualquier persona pueda tener certeza que ello (el acto jurídico) emanó del Tribunal”.

Con la finalidad de ser exhaustivos en este análisis, se considera pertinente traer a colación decisión No. 014^[13] del Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Mérida, en la cual se estableció:

“Cuando el legislador previó la notificación a través de medios electrónicos, lo hizo como una facultad de los tribunales laborales, de enterar al accionado de la existencia de una demanda incoada en su contra a través de un correo electrónico u otro medio digital ´de los cuales disponga, siempre y cuando éstos le pertenezcan´, tanto al juzgado (como emisor del mensaje o dato) como al accionado (receptor); si bien el Tribunal dispone de alguno de estos medios, como son las computadoras y acceso a internet, los mismos no son suficiente para garantizar que se cumpla el objeto de la notificación, en virtud que a los fines de la certificación de dicha actuación, la norma remite a la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, la cual establece una serie de figuras tecnológicas, que no disponen los Tribunales Laborales, tales como: una firma electrónica o un certificado electrónico, que permitan dar seguridad de la emisión y recepción del mensaje de dato relacionado con la notificación del demandado”.

De la sentencia transcrita, se evidencia la respuesta a las interrogantes planteadas, es decir, el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al referirse a los medios electrónicos de los cuales disponga, siempre y cuando éstos le pertenezcan, no se refiere únicamente a la posesión de computadora e internet, se refiere a la tenencia de una firma y un certificado electrónico que permita dar seguridad jurídica.

 

• 3.1.2.2. Efectos de la Resolución No. 2021-0011 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y la interpretación jurisprudencial

Ahora bien, la crisis sanitaria aceleró la incorporación de tecnologías en nuestro sistema judicial, razón por la cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictó la Resolución No. 2021-0011^[14], contentiva de los lineamientos para publicar decisiones con firma digital, citaciones, notificaciones electrónicas y emisión de copias simples y certificadas por vía electrónica ante la referida Sala.

En la referida Resolución se indicó que las notificaciones y citaciones efectuadas a través de los medios digitales, así como las firmas electrónicas, se regirán por lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley de Infogobierno y la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

Siguiendo este mismo hilo argumentativo, la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 203^[15], y en sentencia No. 255 ^[16], indicó:

“(…) este Máximo Tribunal ordena efectuar un análisis de las actas que conforman el expediente de la causa, a los efectos de determinar si las partes cuentan o no con los medios telemáticos suficientes para hacer efectiva dicha actuación procesal y, de ser el caso, proceder a practicar las notificaciones a las que haya lugar por medios electrónicos; en el entendido de que la falta de indicación en autos de algunos de los elementos digitales previamente señalados, dará lugar a que se practique la notificación conforme a lo establecido en la aludida Resolución y en las leyes”.

En el mismo sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No.26[17], estableció:  

“esta Sala acordará por medio de su Secretaria la notificación electrónica, por correo electrónico o cualquier otro medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, una vez conste en las actas del expediente que las partes cuentan con los medios telemáticos suficientes a los fines de llevar a cabo dicha actuación procesal (…) La Secretaria de esta Sala, una vez realizada la notificación electrónica a través del correo electrónico institucional o cualquier otro medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, escaneará, imprimirá o realizará un soporte por medio de procedimientos digitales para dejar constancia de que se materializó la notificación electrónica (no solo que se envió el correo contentivo de la notificación, sino que el receptor la recibió, tuvo acceso a la lectura del documento), certificándose en el expediente la práctica de la notificación, dejando constancia de que las partes se encuentran debidamente notificadas, dando inicio al día siguiente al lapso procesal correspondiente”.

De lo anteriormente transcrito, se infiere que es necesaria una revisión de los medios telemáticos con los que cuentan las partes a los fines de lograr la notificación electrónica, si bien los Tribunales disponen de algunos de estos medios, como son las computadoras y acceso a internet, los mismos no son suficiente para garantizar que se cumpla el objeto de la notificación, en virtud de que a los fines de la certificación de dicha actuación, la norma remite a la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

 

4. Conclusiones

 

1. i. La firma electrónica requiere validez y certeza, por lo que la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, dispone la necesidad de obtener un certificado electrónico;
2. ii. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, en lo sucesivo SUSCERTE, es la entidad que tiene por objeto acreditar, supervisar y controlar a los proveedores de certificación públicos o privados;

• iii. Actualmente existe dos proveedores certificados de servicios de certificación electrónica, 1) Fundación Instituto de Ingeniería (FII) y 2) Proveedores de Certificados (PROCERT), C.A.

1. iv. La incorporación de este tipo de tecnologías en procedimientos judiciales y administrativos laborales comporta la existencia de diversos vacíos legales, generando falta de certeza y seguridad jurídica;
2. v. En casos de instituciones públicas, bien sean Inspectorías del Trabajo o Tribunales Laborales, los mismo deben contar con un certificado electrónico para poder emitir cualquier tipo de notificación, siendo que no basta con la simple creación de una cuenta de correo electrónico Gmail o Hotmail para emitir notificaciones electrónicas, puesto que el referido acto genera efectos jurídicos que no pueden menoscabar el derecho a la defensa de los ciudadanos.

 

[1] Gaceta Oficial No. 38.086 de 14 de diciembre de 2004.

[2] Gaceta Oficial No. 39.945 de 15 de junio de 2012.

[3] Gaceta Oficial No. 40.274 de 17 de octubre de 2013.

[4] Providencia Administrativa No. 027, publicada en la Gaceta Oficial No. 38.894 de 31 de julio de 2008.

[5] Providencia Administrativa No. 028, publicada en la Gaceta Oficial No. 38.894 de 31 de julio de 2008.

[6] Gaceta Oficial No. 2.818 de 01 de julio de 1981.

[7] Gaceta Oficial No. 6.147 Extraordinario de 17 de noviembre de 2014.

[8] Sentencia No. 203, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de 01 de septiembre de 2021.

[9] Gaceta Oficial No. 37.504 de 13 de agosto de 2002.

[10] Sentencia No. 07 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 01 de febrero de 2000.

[11] Sentencia No. 383 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 03 de abril de 2008.

[12] Sentencia dictada por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas de 28 de noviembre de 2006. Caso J.D.C.Q.V. SERVICIOS COMPUSERMAN. Expediente No. AP21-R-2006-001009.

[13] Sentencia No. 014 dictada por el Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Mérida, de 04 de marzo de 2010.

[14] Resolución No. 2021-0011, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

[15] Sentencia No. 203, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de 01 de septiembre de 2021.

[16] Sentencia No. 255, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de 29 de septiembre de 2021.

[17] Sentencia No. 236, dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de noviembre de 2021.