Ante la vorágine de situaciones generadas a nivel internacional por la COVID-19, el Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) y la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo (AVEDA) publicaron a inicios de septiembre de 2020 el libro Derecho Público en tiempos de pandemia: Reflexiones jurídicas sobre la COVID-19[1], obra que tuve el honor de coordinar, en la que se exponen críticas, propuestas y posibles soluciones a las medidas tomadas – o dejadas de tomar – desde la óptica del Derecho Público a algunas de las múltiples situaciones generadas por esta pandemia.

La obra está conformada por diez artículos, que si bien están centrados en el contexto venezolano, también analizan las experiencias de otros países (Argentina, y España, principalmente), lo que le otorga a la misma un enfoque iberoamericano. Estos trabajos han sido estructurados en tres bloques que intentan exhibir el análisis desde lo macro a lo micro, culminando con la presentación de propuestas para situaciones jurídicas no previstas actualmente.

En este sentido, el primer capítulo de la obra titulado “La COVID-19 desde el Derecho Público Global”, está conformado por los trabajos de Jaime Rodríguez Arana (España), María Victoria De Dios Viéitez (España) y María Elena Bustos Morón (Argentina), en los que se exponen —partiendo de un análisis de los principios del Derecho Público Global— los principales retos que han afrontado España y Argentina en la implementación de medidas para contener la pandemia de COVID-19.

El profesor Jaime Rodríguez Arana en su trabajo “Coronavirus, Buena Administración y Derecho Público”, reflexiona sobre la necesidad de una regulación global y la aplicación de los principios de transparencia, racionalidad o buena administración desde una dimensión universal, evidenciando la insuficiencia de la regulación nacional o la jurisprudencia de los distintos poderes judiciales estatales, situación que motiva a responder de forma macro ante una crisis que es global; para lo cual es necesario entender que los ordenamientos jurídicos internos de los diferentes países han de articularse con un nuevo orden jurídico general en el que los postulados del Estado de Derecho brillen con luz propia.

Por su parte la profesora María Victoria Dios Viéitez en su artículo “Crisis sanitaria y derechos sociales a la luz del Derecho Público Global” analiza el carácter esencial y fundamental del derecho a la protección de la salud, más allá de su consideración en cada texto constitucional, y reflexiona sobre la necesidad de otorgar a los derechos sociales un nivel de protección similar a los demás derechos fundamentales previstos constitucionalmente.

En este mismo orden de ideas, la profesora María Elena Bustos Morón en su trabajo “Concretización del derecho a la educación en Argentina frente a la pandemia del COVID-19”, presenta un análisis sobre los nuevos desafíos que se plantean a las acciones y/o herramientas de carácter político y normativo que adoptó Argentina ante la pandemia de COVID-19, y que resultaron necesarias para garantizar el acceso efectivo del derecho fundamental a la educación. Para la autora, la COVID-19 no ha sido un agente disruptivo, sino un acelerador de cambios, que se convierte en vector que transforma y acelera los procesos de adecuación en el sector público para proteger a los más vulnerables que requieren ser protegidos, y que deja en evidencia la necesidad de un rol más activo, protagónico y prioritario del Estado en el planeamiento de la educación, con la finalidad de garantizar el principio de igualdad en todos los sujetos.

El segundo capítulo de esta obra, titulado “El desarrollo de la pandemia en Venezuela” contiene los aportes de José Argenis Graterol Damas, Carlos García Soto, Allan R. Brewer Carías y Armando Rodríguez García, en los que se realiza una crítica a las medidas tomadas por el gobierno venezolano, tanto en el nivel nacional como en el nivel local; al caracterizarse éstas por violar la Constitución de 1999 y la indebida restricción de los derechos y libertades ciudadanas.

En el trabajo “Aproximación a la pandemia COVID-19 y su impacto en Venezuela”, el profesor José Argenis Graterol Damas, combinando sus conocimientos en Medicina y Derecho nos presenta una guía de ruta, trazada a partir de la información que brinda la etiopatogenia, es decir el origen, evolución, desarrollo y el poder patógeno de la presente y pasadas pandemias, producidos por virus productores de gripe o influenza no estacional; a fin de exponer los posibles retos a los que se enfrentan los gobiernos y administraciones públicas en la formulación e implementación de políticas en el área de la salud pública, para enfrentar brotes epidémicos o pandémicos, que probablemente seguirán azotando a la humanidad.

Por su parte, el profesor Carlos García Soto a través de su colaboración “El Decreto de Estado de Alarma y su ‘ejecución’ por el Estado venezolano”, nos explica —de forma general— las reglas y principios constitucionales y legales aplicables al Estado de Alarma como modalidad de Estado de Excepción y además, analiza las principales regulaciones y consecuencias prácticas derivadas del Estado de Alarma dictadas por el Ejecutivo Nacional ante la propagación del COVID-19, con especial referencia a los actos estatales que se han dictado para “ejecutar” el Decreto de Estado de Alarma.

En este mismo orden de ideas, el profesor Allan Brewer-Carias realiza un análisis de “El Decreto del Estado de Alarma en Venezuela con ocasión de la pandemia del coronavirus: inconstitucional, mal concebido, mal redactado, fraudulento y bien inefectivo”, en el que expone cómo el Ejecutivo Nacional sin restringir garantía constitucional alguna, se asignó a sí mismo la potestad de dictar las medidas que considere convenientes para enfrentar la pandemia, y decretó otras medidas restrictivas en inobservancia de la normativa que regula los Estados de Excepción.

Este capítulo finaliza con el trabajo del profesor Armando Rodríguez García titulado “Potestades municipales y estados de excepción. A propósito de la práctica del ‘dibujo libre’ en tiempos de estado de alarma en Venezuela” en el que se revisan los aspectos jurídicos relevantes de la conducta observada por unidades de la administración local venezolana —primordialmente por algunas Alcaldías—, relacionadas con decisiones dirigidas a establecer restricciones o limitaciones sobre el ejercicio de derechos fundamentales —libertad de tránsito, libertad de ejercicio de actividades económicas y derecho al trabajo, entre otros—establecidas en el marco de la declaratoria de estado de alarma dispuesta por el Ejecutivo Nacional en el mes de marzo del año 2020, como respuesta a la presencia de la pandemia de COVID-19.

Por último, el tercer capítulo identificado como “Nuevos Retos, Posibles Soluciones”, intenta ir más allá y analizar situaciones concretas no reguladas por el ordenamiento jurídico que surgieron en medio de la pandemia de COVID-19, y cuenta con los trabajos realizados por Daniel Rosas Rivero, Gabriel Sira Santana, y quien suscribe esta nota.

En este capítulo el profesor Daniel Rosas Rivero con su trabajo “La contratación pública venezolana en los tiempos de COVID-19: Su estado actual, las ilegales recomendaciones del Estado y una breve mirada al mundo”, estudia la situación del sistema de contrataciones públicas venezolano al momento de decretarse el Estado de Alarma Nacional en virtud de la pandemia de COVID-19. En paralelo, analiza la pertinencia y legalidad de las recomendaciones emitidas por el Servicio Nacional de Contrataciones, concluyendo que el sistema de contrataciones públicas venezolano tiene un retraso legal y tecnológico en comparación con sus países vecinos, que la autoridad técnica en la materia es sumamente incapaz e ineficiente, y que es necesaria una profunda reforma del ordenamiento jurídico para sentar las bases de un sistema más transparente, menos discrecional y más confiable para el Estado y para los ciudadanos.

En otro orden de ideas, el profesor Gabriel Sira Santana nos presenta su trabajo “El tratamiento de datos personales y las COVID-19 apps como caso de estudio”, en el que analiza la implementación del registro de personas en una aplicación móvil como medida para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 versus el tratamiento de la protección de datos personales de los ciudadanos.

Finaliza la obra con un trabajo de quien suscribe titulado “El control de los recursos públicos en tiempos de la pandemia COVID-19. Algunos ejemplos suramericanos” en el que se realiza una revisión de las medidas implementadas por los máximos órganos de control fiscal de Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela para garantizar el adecuado uso de los fondos públicos destinados para atender la emergencia sanitaria originada como consecuencia de la pandemia.

Agradeciendo profundamente a los autores mencionados, por haber asumido el reto de participar con sus aportes en esta obra, en medio de tiempos tan complejos e inciertos, con un especial reconocimiento a los colaboradores venezolanos, quienes además de asumir esta tarea, han debido sortear los diversos problemas de carencia de servicios públicos como internet y electricidad que resultan fundamentales para cualquier investigador que aspira contribuir a la generación y difusión del conocimiento.

Igualmente, extiendo mi gratitud a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo (AVEDA), especialmente el profesor Antonio Silva Aranguren, por haber depositado en mí su confianza y permitirme coordinar esta publicación.

Finalmente, me queda decir que esperamos que este libro titulado Derecho Público en tiempos de pandemia: Reflexiones jurídicas sobre la COVID-19, se constituya en una obra de consulta obligatoria para especialistas y profesionales del Derecho Administrativo, que les ayude a disertar sobre las múltiples situaciones jurídicas originadas por la COVID-19 y que, a partir de allí, se generen nuevas discusiones que permitan dar respuesta a la nueva realidad, contribuyendo en definitiva a la creación y difusión del conocimiento jurídico.

[1] Jessica Vivas Roso (Coordinadora), Derecho Público en tiempos de pandemia: Reflexiones jurídicas sobre la COVID-19, Centro para la Integración y el Derecho Público-Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, Caracas, 2020, 360 pp.