Una de las primeras preguntas con la que suelen enfrentarse los estudiantes de Derecho al inicio de cada semestre –y, sobre todo, del primero– es ¿por qué quiso estudiar Derecho?

Se trata de una interrogante que, como tantas otras que giran en torno a nuestra disciplina, no posee una respuesta unívoca; siendo común oír entre la lista de motivos –todos válidos, por cierto– el luchar por la justicia, evitar ser perjudicados por las acciones de terceros, obtener lucro, seguir la tradición familiar o, como recuerdo haber respondido cuando cursé el pregrado: porque era una carrera que me llamaba la atención… aunque no supiese explicar los motivos de esa preferencia.

En todo caso, visto que esa pregunta opera en un plano netamente subjetivo, si bien permite conocer un poco sobre las aspiraciones de los estudiantes en ese momento, desde que me inicié en la docencia he optado por formular otra diferente y cuya respuesta –considero– ofrece mayor claridad sobre qué entiende alguien que recién se inicia en la carrera sobre la misma. Lo anterior, motivado en parte en que al contrario de un número importante de las carreras humanísticas o científicas que ofrecen las universidades del país, no existe en realidad en el bachillerato alguna materia que esté estrechamente relacionada con las ciencias jurídicas[1].

Así, como ocurre cada año lectivo desde que recibí la invitación para impartir Teoría Política y Constitucional en la Universidad Monteávila en 2019, al inicio de este semestre los alumnos tuvieron ocasión de responder la interrogante qué es el Derecho de acuerdo con lo que ellos concebían por el mismo, sin recurrir a autores o una rápida mirada a Google.

La pregunta podría parecer sencilla, pero no hemos de olvidar que un número considerable de horas académicas de la carrera se invierten justamente en lograr precisar ese concepto para, luego, hacer lo propio con los agregados de …Constitucional, …Administrativo, …Civil, …Mercantil y así sucesivamente.

No obstante la advertencia anterior, las respuestas dadas por los alumnos develan que el Derecho, a pesar –o a propósito– de lo vapuleado que se encuentra en una sociedad como la nuestra que ocupa el último lugar en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project[2], es percibido como una herramienta que facilita la vida en comunidad y la materialización de nuestro proyecto de vida al garantizar, a su vez, los derechos y libertades que el ordenamiento nos reconoce.

Así, al preguntar ¿qué es el Derecho?, quienes recién se inician en sus estudios jurídicos ofrecen como respuesta –entre otras– que este es (i) una disciplina que nos ofrece seguridad, (ii) una herramienta que regula el comportamiento de la sociedad, (iii) un medio para alcanzar la justicia, (iv) una forma de lograr el orden, (v) un requisito para el avance de la sociedad, (vi) una necesidad para la vida en comunidad, (vii) un mecanismo de defensa cuando nuestra persona o bienes son objeto de ataques, (viii) normas que dicta el Estado o la sociedad para reglar sus relaciones, (ix) prohibiciones para saber qué es lo que podemos y no podemos hacer, y (x) disposiciones que al ser respetadas ayudan a la convivencia social.

De lo dicho se aprecia que no es poca la importancia que los alumnos del primer semestre le confieren a esta disciplina, a la par que dan atisbos de elementos propios de un Estado de Derecho como lo son las nociones de seguridad jurídica, el principio de legalidad, la eficacia de los derechos fundamentales y el acceso a la justicia, que sin lugar a dudas tendrán oportunidad de conocer y precisar a lo largo de su carrera universitaria.

En este sentido, no podemos negar que respuestas como las obtenidas en esta primera clase nos animan a creer que la vuelta a la institucionalidad en el país sigue siendo posible y que, en un futuro que esperamos no sea muy lejano, podrá desterrarse la percepción del Derecho que quienes han ejercido el Poder Público en Venezuela han tratado de imponer a lo largo de los años, al hacerlo ver como una serie de meros formalismos o impedimentos para alcanzar el siempre maleable interés general y que, por ende, debe ser dejado de lado cuando la “justicia material” así lo demanda[3].

No creemos que sea necesario profundizar sobre los problemas que derivan de esta última concepción.

[1]     Lo más cercano, hasta donde se tiene conocimiento, podría ser “Formación para la soberanía nacional” que se imparte en cuarto y quinto año de bachillerato y aborda temas como el Poder Público, los mecanismos de integración regional y la soberanía. Véase el programa de esta asignatura en Jesús Egberto Espinoza Valero, “Instrucción premilitar vs. Formación para la soberanía nacional: retos y controversias”, Tiempo y Espacio, N° 75, Caracas, UPEL, 2021, pp. 227-249, en https://revistas.upel.edu.ve/index.php/tiempo_y_espacio/article/view/9442/5917

[2]     Véase el informe en https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI-Spanish.pdf

[3]     Véase, entre otros, Francisco J. Delgado, La reconstrucción del Derecho venezolano, Editorial Galipán, Caracas, 2012.