26 de abril de 2023
Simón Herrera Celis
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Consultor en materia de energía
Las empresas inversionistas en la industria de los hidrocarburos realizan análisis de riesgos a los fines de determinar cuáles son su principales vulnerabilidades y amenazas en cada proyecto que llevan a cabo. Los riesgos son de vital interés sobre los objetivos de un proyecto en lo que respecta a su alcance, duración, costo, calidad y ganancias. Por supuesto que todas las empresas están expuestas a sufrir pérdidas derivadas de la incapacidad de generar resultados positivos con o sin una gestión correcta de los riesgos. Pero en la medida en que las empresas mejor comprendan sus riesgos, su impacto y sus probabilidades, podrán tomar con mayor exactitud las medidas preventivas y correctivas necesarias.
En este breve ensayo abordaremos la gestión de los riesgos en los proyectos de hidrocarburos de exploración y explotación, con un especial énfasis en los riesgos legales y políticos, cuyas particularidades podrían o no compartirse con otras industrias, independientemente de la jurisdicción en la cual se realicen las inversiones. En este contexto, gestionar riesgos será igual a administrar riesgos.
Debemos advertir, sin embargo, que son únicamente ideas generales sobre un tema amplio y complejo, que a su vez tendrá mucho que ver con las particularidades de cada proyecto y los intereses de cada empresa.
La gestión de riesgos es el proceso sistemático mediante el cual una empresa define sus acciones para reducir la incidencia negativa de los distintos factores que inciden en la ejecución de un proyecto, a la vez que obtiene el mayor provecho de los agentes positivos. Este proceso procura maximizar la probabilidad de ocurrencia de los eventos provechosos y minimizar la probabilidad de ocurrencia de los eventos negativos.
Cada empresa tiene que identificar los riesgos que afecten materialmente sus capacidades, sus objetivos y sus operaciones. Para ello se realizan análisis de sensibilidades para establecer la importancia de los riesgos frente a los cambios que puedan ocurrir. Con la información que se recoge se realiza una matriz de riesgos. Esta matriz no es otra cosa sino una herramienta de primer orden que le permite a la empresa tener un panorama real y general sobre la probabilidad de cada riesgo y su gravedad.
La gestión de los riesgos está conformada por seis fases distintas, a saber: en la planificación de la gestión se decide cómo abordar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para garantizar el análisis sobre su naturaleza. En la identificación de riesgos se determinan aquellos que pueden afectar de manera positiva o negativa al proyecto. El objetivo principal de esta fase es documentar las causas, consecuencias y características de los riesgos. El análisis cualitativo comprende las eventuales consecuencias de determinadas situaciones y la probabilidad de que se produzcan. El análisis cuantitativo consiste en evaluar el efecto de los riesgos identificados desde el punto de vista matemático y estadístico. En este análisis se agrega información relativa a los costos y tiempos de ejecución. En la planificación de las respuestas se ejecutan las acciones para hacer frente a los riesgos detectados. El monitoreo y control se corresponde con el seguimiento continuo del comportamiento de los riesgos existentes, la evaluación de la efectividad de las acciones correctivas, así como la supervisión de los riesgos evaluados como poco probables y de bajo impacto.
Los principales riesgos que deben considerarse en un proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos -por referirnos a un tipo específico de proyecto- son: riesgo crediticio, riesgo geológico, riesgo operacional, riesgo comercial, riesgo financiero, riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo político y riesgo ambiental. Evidentemente, estos conceptos pueden superponerse, por lo que en ocasiones no estará completamente claro distinguir entre un riesgo legal, regulatorio o político, o entre un riesgo comercial y un riesgo financiero, por ejemplo. Debe entenderse entonces que estos riesgos pueden ser agrupados en categorías o subcategorías en las matrices de riesgos de cada proyecto. En todo caso, cada empresa tiene sus propias políticas, procedimientos, modelos y análisis, y lidiará con los riesgos en base a las experiencias previas que haya tenido y a su nivel de tolerancia.
La gestión de los riesgos tiene que estar supeditada a la estrategia general de la empresa, por lo que se requiere de una total coordinación y asignación de responsabilidades entre sus distintas gerencias, bajo una dirección única. En efecto, la empresa evaluará el proyecto tomando en cuenta sus distintos negocios en el país de la inversión y su estrategia de negocios global. De seguidas, muy someramente describiremos estos principales riesgos para dedicarnos después con mayor detalle a los riesgos legales y políticos. La presentación de estos riesgos en esta sección no obedece a un orden jerárquico.
El riesgo crediticio se fundamenta en la necesidad de financiar la ejecución del proyecto, bien sea con recursos propios o de terceros, bajo la premisa de que sin financiamiento un proyecto es simplemente un papel de trabajo elaborado por un equipo multidisciplinario.
El riesgo geológico se presenta en la fase de exploración y busca determinar la probabilidad de encontrar hidrocarburos mediante una serie de estudios, pruebas y perforaciones. La cuantificación de este tipo de riesgo es realmente importante para establecer su impacto en la evaluación económica del proyecto.
El riesgo operacional se configura por las pérdidas o retrasos debidos a deficiencias en los sistemas de información, ausencia del personal, equipos, materiales e infraestructura necesarios, fallas en los controles internos, o por errores en el diseño, planificación y ejecución de los objetivos, bien sea en la ejecución directa o a través de contratistas.
El riesgo comercial es la posibilidad de no recibir los pagos de los compradores de los hidrocarburos provocada por la insolvencia, el atraso o la quiebra, o simplemente por la ausencia de compradores y buques transportistas, a veces motivado por desajustes en la cadena de comercialización.
El riesgo financiero responde a los riesgos de los mercados globales y los movimientos adversos de sus variables fundamentales como lo son el precio de los distintos hidrocarburos, los tipos de interés y los tipos de cambio.
El riesgo reputacional es cualquier evento o amenaza que afecta negativamente la percepción que la sociedad tiene de la empresa y un proyecto determinado. El riesgo reputacional incide en la confianza de los gobiernos, inversores, clientes, contratistas, empleados, comunidades, o cualquier otra parte interesada sobre la capacidad que tiene la empresa de operar conforme a las Leyes vigentes y las mejores prácticas de la industria.
Muchas de las grandes empresas de hidrocarburos se han comprometido a reducir a cero sus emisiones netas de gases de efecto invernadero para mediados del siglo XXI, sobre todo las que cotizan en los mercados de valores, en vista de que el cambio climático se ha posicionado como un elemento clave en los planes empresariales a largo plazo. Así que las empresas de energía cada vez más se enfrentan a riesgos reputacionales cuando invierten en energías de origen fósil como el petróleo y el gas natural.
El riesgo legal se fundamenta en una modificación o vacío legal en el marco regulatorio que afecta los términos estipulados en un contrato, convenio o acuerdo, bien sea con el Estado o un particular. También en los casos en que se enmiendan los títulos habilitantes emitidos por los órganos del Estado o cambia la jurisprudencia en alguna materia. El riesgo legal incluye además las posibles multas, sanciones, cierres de establecimientos, así como los litigios e incumplimientos contractuales.
El riesgo político es la exposición a un evento político de magnitud considerable que disminuye el valor de la inversión o hace imposible llevar adelante el proyecto. Se trata de disrupciones de alto impacto que tienen como actores a los gobiernos, los grupos políticos y militares, los movimientos terroristas o insurgentes.
El riesgo ambiental está relacionado con la contaminación del medio ambiente debido a los residuos líquidos y sólidos que se generan en un proyecto, igual que la emisión de gases de efecto invernadero tales como el dióxido de carbono y el metano.
El riesgo legal proviene del marco jurídico que afecta a los contratos, acuerdos y convenios del inversionista, bien sean suscritos por la empresa inversionista con el Estado o con los particulares, o bien el resultado de algún título o autorización gubernamental o legislativa, además de alguna sentencia judicial. En principio, el riesgo legal será distinto si se trata de un negocio de hidrocarburos líquidos o hidrocarburos gasesosos, verticalmente integrado o no, en atención al marco regulatorio aplicable en cada caso.
La empresa inversionista debe necesariamente evaluar el marco regulatorio del país receptor de las inversiones con el objeto de identificar la normativa aplicable en materia de derechos de propiedad, uso y explotación de los hidrocarburos, protección de inversiones extranjeras, régimen fiscal, acuerdos de inversión, convenios de estabilidad jurídica y tributaria, normativa aduanera, protección al medio ambiente, propiedad intelectual, normativa laboral, métodos para la resolución de controversias, entre otros asuntos. En tal sentido es determinante estar al tanto de los tratados de promoción y protección de inversiones[1] y los convenios para evitar la doble tributación vigentes[2]. La empresa igualmente debe verificar las posibilidades de financiamiento externo del proyecto (bancabilidad).
Adicionalmente, el inversionista debe conocer las restricciones derivadas de posibles sanciones económicas impuestas por países como Estados Unidos, Canadá, Suiza y Reino Unido contra el país receptor de la inversión y sus funcionarios, además de aquellas impuestas por la Unión Europea y organismos internacionales como las Naciones Unidas[3].
Los controles que se utilizan para gestionar el riesgo legal variarán según el impacto probable del riesgo y el apetito aceptado por cada inversionista. Por tanto es imprescindible determinar la tolerancia al riesgo de la empresa con respecto al proyecto en cuestión. Algunos riesgos legales tendrán tolerancia cero, mientras que otros podrían gestionarse dentro de un rango de tolerancia aceptable para la empresa.
Los riesgos legales son variados y disímiles. En esta sección los hemos dividido en riesgos de litigio, contractual, estructural, regulatorio y de sanciones.
El riesgo de litigio es la posibilidad de que se tomen acciones legales debido a las acciones, omisiones, actividades u otros eventos en los que esté involucrada la empresa, sus empresas filiales y sus empleados.
El riesgo contractual se define como la posibilidad de enfrentar pérdidas como resultado de que la contraparte no cumpla o cumpla de forma deficiente con los términos y condiciones de un contrato o acuerdo. En un contrato o acuerdo esta clase de riesgo puede en principio asignarse o transferirse a la otra parte para mitigar el riesgo.
El riesgo estructural está relacionado con la incertidumbre derivada de los fundamentos básicos del negocio. El ejemplo típico de este riesgo es la modificación de las bases legales que hacen que la industria regulada se convierta en desregulada, esto es, de un mercado cerrado o semiabierto, a uno abierto. Una modificación del ordenamiento jurídico podría beneficiar a algunos actores de la industria petrolera y gasífera a la par de perjudicar a otros.
El riesgo regulatorio se traduce en un cambio en el marco jurídico aplicable al proyecto (leyes, ordenanzas, reglamentos, decretos, órdenes, resoluciones, licencias, circulares, normativas prudenciales, acuerdos parlamentarios, sentencias) que aumenten los costos de operación, reduzcan el atractivo de la inversión o creen barreras adicionales de entrada o salida.
El riesgo de sanciones se relaciona con aquellas sanciones económicas impuestas por los Estados, comunidades de naciones u organismos internacionales en contra del Estado receptor de la inversión, sus entidades y funcionarios públicos que impidan o restrinjan la realización de negocios de algunas personas y empresas con ese Estado y sus entidades.
El riesgo político es un evento que expone negativamente a la empresa al punto de disminuir el valor de sus inversiones o la interrupción de sus actividades o del proyecto. En un país receptor de inversiones en hidrocarburos, el riesgo político está determinado en gran medida por la incertidumbre sobre las acciones del gobierno, los grupos políticos y militares, y los movimientos insurgentes o terroristas.
Recordemos que el riesgo político puede venir acompañado de un discurso gubernamental reivindicativo y nacionalista de los derechos soberanos del Estado sobre sus recursos naturales, siendo además que dicha soberanía se apoya muchas veces en normas constitucionales y legales que limitan los derechos de los particulares sobre los yacimientos de petróleo y gas natural (y otros minerales) y sobre otros activos esenciales como las refinerías y los oleoductos.
Usualmente el riesgo político se presenta en los proyectos que se ejecutan en mercados emergentes donde la inestabilidad política se percibe como un suceso frecuente, aunque impredecible. Una empresa de hidrocaburos deberá evaluar el riesgo político utilizando una prima de riesgo, esto es, aumentando en su plan de negocios la tasa de retorno requerida para el proyecto con el objetivo de mitigar el riesgo. En su acepción más amplia este riesgo incluye la libre convertibilidad de la moneda, las restricciones de transferencias de divisas al exterior, la expropiación, la confiscación, los disturbios civiles, los golpes de estado, la guerra y el terrorismo.
Como regla general los riesgos políticos tienden a aumentar en las épocas de precios altos de los hidrocarburos o cuando las inversiones claves ya han sido realizadas por los particulares. En estos casos se arguye que los gobiernos buscan una mayor participación fiscal y un mayor control sobre la industria. Por supuesto que un cambio en el entorno internacional del mercado de los hidrocarburos podría contribuir a que aumente o disminuya el llamado riesgo político. Recordemos que la industria de los hidrocarburos es una industria de escala mundial, en la que los eventos que ocurren en una nación pueden repercutir en otras naciones.
Como respuesta a este riesgo se ha concebido a nivel internacional el seguro de riesgo político en las inversiones en la industria de los hidrocarburos, mediante pólizas emitidas por aseguradoras de carácter público y privado. Las aseguradoras públicas son empresas de garantía de inversiones respaldadas por los Estados a favor de sus nacionales, y las organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial[4]. Sin embargo, el precio por el seguro de riesgo político es alto y puede encarecer notablemente los costos de un proyecto, además de que difícilmente cubrirá el total de las inversiones.
Las empresas multinacionales de hidrocarburos saben que deben aceptar una cierta cantidad de riesgos para entrar y permanecer en los mercados y obtener ganancias. Mientras más altos los riesgos, los retornos a las inversiones debieran ser mayores. Estas empresas lo han visto a lo largo de más de un siglo en naciones más o menos estables con cambios frecuentes de leyes, contratos, acuerdos, licencias, concesiones, fronteras, así como con inmensos retos financieros, operacionales, geológicos y ambientales, por mencionar solamente algunos aspectos. Un negocio global de capital intensivo que se enfrenta a tantos retos y oportunidades debe ser el mejor caso de estudio de gestión de riesgos.
La gestión de los riesgos es una actividad sistematizada que se compone de varias fases: planificación de la gestión, identificación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, planificación de las respuestas, monitoreo y control. Una correcta gestión de riesgos debe ayudar a las empresas a disminuir sus exposiciones financieras, comerciales, ambientales, reputacionales y legales. En cualquier caso, no existe una metodología única de gestión de riesgos ya que cada empresa maneja sus propios criterios y tiene distintos límites de tolerancia.
La matriz de riesgos permite definir los riesgos y sus probabilidades de ocurrencia, siendo un instrumento que debe ilustrar a la gerencia con respecto al panorama integral de los riesgos identificados. Además, es preciso comprender que una matriz de riesgos, aunque imprescindible, es simplemente una herramienta de gestión, no una solución definitiva a las necesidades empresariales frente a los retos de un proyecto.
Aunque de suma importancia, el riesgo legal es solo uno más de los riesgos a los que enfrenta una empresa de hidrocarburos. Lamentablemente, las empresas están expuestas a una cantidad importante de este tipo de riesgos, por los constantes cambios normativos, en particular en los mercados emergentes, aparte de la multiplicidad de litigios e incumplimientos contractuales.
El riesgo político es más difícil de gestionar que el riesgo legal, pues de ordinario una empresa se ve expuesta con una menor capacidad de respuesta a eventos políticos que ponen en juego el futuro de sus inversiones y actividades. Debido a sus altos costos no pareciera que el seguro de riesgo político sea la solución definitiva para cubrir este riesgo.
El negocio de los hidrocarburos sigue su curso con un crecimiento inesperado desde comienzos del año 2022, en medio de la llamada transición energética. Aunque el mundo se abastezca en el futuro de las llamadas energías limpias (eólica, solar, hidrógeno), los proyectos energéticos seguirán requiriendo de un proceso sistematizado de gestión de riesgos. Para finalizar, sí debemos mencionar que, en estos procesos de gestión, como en muchos otros, estará cada vez más presente la participación de la inteligencia artificial, cuyas importantes implicaciones escapan del contenido de este ensayo.
[1] Aunque Venezuela se retiró en 2012 del Convenio que estableció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el país se encuentran vigentes tratados bilaterales para la promoción y protección de inversiones suscritos con diversas naciones.
[2] Venezuela cuenta con un importante número de convenios bilaterales vigentes suscritos con diversas naciones para evitar la doble tributación.
[3] En países como Venezuela es de particular importancia tener en cuenta el régimen vigente de sanciones impuesto por los Estados Unidos de América en contra de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y otras empresas de propiedad estatal, incluyendo las empresas mixtas. Este régimen de sanciones estadounidense se complementa con licencias generales y especiales que funcionan como exoneraciones limitadas y temporales a favor de determinadas empresas.
[4] El Banco Mundial cuenta con la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), entidad financiera creada en 1988 que administra los seguros de riesgo político.