El Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela (IDP) ha superado las siete décadas de actividad. Fundado en 1948 como Seminario de Derecho Público por el recordado profesor Moles Caubet, fue el centro indiscutible del desarrollo de la doctrina iuspublicista nacional y ésta, a su vez, fue germen de relevante legislación y de consolidada jurisprudencia. Los aportes del Instituto, que adquirió esa denominación en 1953, son entonces real historia de nuestro Derecho. No disimulo la satisfacción que siento por tener ahora el honor de ser su director y por haber formado parte de él como investigador desde 1975, con incluso un inicial periodo de dirección entre 1985 y 1986.

De historia precisamente versan estas pequeñas notas: el Instituto ha estimado esencial ofrecer a los estudiosos del Derecho venezolano fuentes de consulta que faciliten la investigación. La búsqueda de material es de por sí un placer para el investigador y lo es más aún el hallazgo, sobre todo de piezas o información desconocidas. Existe un aura romántica alrededor de esta labor y no seré yo quien la cuestione, pues en buena medida fue la que me condujo por el camino que me llevó a nuestro Instituto. 

Ese romanticismo no debe apartarnos, sin embargo, de una realidad: la investigación científica debe optimizarse y, cuando además no se trata de aventuras particulares sino de proyectos institucionalizados, deben perseguirse frutos obtenidos eficientemente. Para ello, el IDP empezó hace relativamente poco un proceso de digitalización de su catálogo, que se ha ubicado de momento en un sitio web denominado Derecho Administrativo en la UCV: el nombre obedece al hecho de que hasta la fecha la casi totalidad de las obras son de esa disciplina, en especial el conocido Archivo de Derecho Público y Ciencias de la Administración. 

Se ha creado así una Biblioteca Virtual que no es exclusiva de nuestro Instituto, sino que se han agregado publicaciones de la Especialización en Derecho Administrativo que ofrece el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Central de Venezuela. No sólo se ha logrado digitalizar lo existente, sino que, ajustados a estos tiempos, esa misma Especialización creó y ha mantenido un Anuario que publica textos de sus cursantes -lo que le da un interés especial- y que ha alcanzado ya su cuarta edición. 

Todo ese proyecto digital, de acceso libre y gratuito, cuenta con el financiamiento y manejo operativo del Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), dirigido por el profesor Jorge Luis Suárez, lo que ha permitido avanzar pese al ahogo financiero al que están sometidas las universidades nacionales desde hace ya demasiado tiempo, y sobre lo que huelga hacer comentarios adicionales. 

El IDP, como parte de ese plan de acercar las fuentes de consulta al investigador y en ejecución de nuestra alianza con CIDEP, inició otro proyecto, cuyos primeros resultados serán anunciados muy pronto. Se trata en esta ocasión de asegurar el conocimiento de las sucesivas Leyes que han regulado diversas materias de interés para el Derecho Público a lo largo de nuestra historia republicana. El acceso a esa información no es fácil en nuestro país. A lo sumo, es relativamente sencillo obtener Leyes aisladas, en número mayor o menor según la suerte, pero no así la totalidad de los textos. Es esa totalidad, no obstante, la que puede ofrecer una visión de conjunto y la que nos deja apreciar el detalle de la evolución legal.

Estamos convencidos de que el estudio del presente exige el análisis del pasado, análisis que sólo es científicamente viable con el conocimiento preciso que, en el caso de la legislación, proporciona tener a disposición los textos correspondientes. Es lo que el IDP quiere entregar a la comunidad jurídica venezolana, a través de una colección bibliográfica que hemos bautizado Historiales y que estará a cargo del profesor Antonio Silva Aranguren, quien además es miembro del Consejo Técnico de nuestro instituto.